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Aigua es Vida

Emergencia Climática y Derechos Publos Indígenas

Con esta campaña queremos defender los Derechos de los Pueblos Indígenas en sus territorios y a sus recursos fundamentales para la vida.

No entendiendo estos por su rentabilidad económica, sino como ecosistemas fundamentales para el equilibrio del planeta que se tiene que preservar y defender, parte de un todo. Es el caso del Pueblo Indígena Maya Q’eqchi’ afectado por la hidroeléctrica RENACE y Grupo Cobra ACS de Florentino Pérez en Guatemala.

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DENUNCIAMOS

  • El impacto ambiental y social de RENACE, construida por la española ACS de Florentino Pérez en Alta Verapaz (Guatemala) que opera sin tener el consentimiento y afectando el área protegida como Reserva de la Biosfera Maya; que dejan sin agua a comunidades enteras, provocando problemas de alimentación y salud, extinción de fauna y flora de espacios protegidos, y agravando la emergencia climática; en contra del Desarrollo Sostenible y su Agenda 2030.
  • El incumplimiento de la Consulta Libre, Previa e Informada del Pueblo Q’ecqchí según sistemas y costumbres propias; obligatoria para cualquier proyecto en sus territorios y reconocida por el Derecho Internacional en el Convenio 169 de la OIT y con sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala a día 4 de julio de 2019.
  • La falta de independencia del poder judicial en el caso Bernardo Caal Xol, que opera al servicio de los intereses económicos de las oligarquías; sin las debidas garantías procesales, judicializando y criminalizando defensoras y defensores de derechos y vulnerando sus derechos fundamentales.
 

PEDIMOS

  • A la empresa RENACE y sus contratistas, en especial la española ACS, que paralicen la actividad en respecto a la Consulta Previa, Libre e Informada y en cumplimiento con las sentencias de la Corte Suprema de Guatemala de 2017 y 2019.
  • A las Instituciones del Estado de Guatemala, especialmente al Ministerio de Energía y Minas, a la Comisión de Pueblos Indígenas del Congreso, a las Alcaldías Municipales de Lanquín, Chamelco, y San Pedro Carchá, como gobiernos locales de las comunidades afectadas; el cumplimiento de la Consulta Libre, Previa e Informada según el Convenio 169OIT, y el respeto a los sistemas propios y al resultado de la misma.
  • A la Fiscalía General del Ministerio Público de Guatemala una investigación previa y objetiva de los hechos imputados al defensor indígena Bernardo Caal Xol que no han sido probados; y a la Corte Suprema de Justicia velar por la independencia judicial.
  • A las Instituciones de Cataluña, específicamente a la Generalitat de Cataluña, al Ayuntamiento de Barcelona, y al resto de Administraciones catalanas; la coherencia en las políticas públicas no contratando empresas que vulneran Derechos Humanos, aplicando de forma efectiva clausulas sociales en la contratación pública, e impulsando la creación del Centro de Evaluación de Empresas en el Exterior.