alterNativa se suma a la Carta para pedir la salida de España del Tratado sobre la Carta de la Energía

SOLICITAMOS LA SALIDA DE ESPAÑA DEL TRATADO SOBRE LA CARTA DE ENERGIA

El próximo mes de julio tendrá lugar en Bruselas la segunda ronda de negociaciones para la modernización del Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE). Un tratado que poca gente conoce pero que afecta a nuestras vidas más de lo que pensamos. Queremos aprovechar esta reunión para hacerle entrega al Gobierno de una carta firmada por la ciudadanía y la sociedad civil solicitando la salida de España del TCE.

 

 

Carta para pedir la salida de España del Trarado sobre la Carta de Energía

Las organizaciones de la sociedad civil, sindicatos y representantes políticos que suscribimos la presente carta nos dirigimos al Gobierno de España, como miembro de la Conferencia de la Carta de la Energía, para solicitarle la salida del Reino de España del Tratado de la Carta de la Energía (TCE) ante la celebración de la segunda ronda de negociaciones para su modernización el próximo mes de junio en Bruselas.

En una situación de crisis climática y sanitaria, en la que se deberán tomar medidas legislativas extraordinarias, consideramos que el TCE constituye una grave amenaza para el interés público, debido a su incompatibilidad con el objetivo de limitar el incremento de la temperatura global en 1,5 ºC del Acuerdo de París sobre el clima, con las políticas necesarias para la transición energética justa y con otras medidas imprescindibles de políticas públicas. El TCE  pone en peligro los objetivos contenidos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y  la propuesta de Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

El TCE es un tratado multilateral de inversiones en el sector energético concebido a finales de los años 90 y ratificado actualmente por 53 países de Europa, Asia Central y Japón. Es un acuerdo extremadamente asimétrico, que otorga grandes privilegios a corporaciones e inversores del sector de la energía. El TCE contiene muchas normas, pero son las disposiciones que protegen las inversiones extranjeras en el sector energético─tales como las cláusulas de solución de conflictos inversor-Estado (ISDS)─ las especialmente preocupantes. Dichas disposiciones instauran unos tribunales de arbitraje privados, compuestos por tres abogados especializados en derecho comercial internacional, que funcionan al margen de los tribunales públicos existentes, en un proceso opaco por el que los inversores extranjeros pueden demandar a los Estados cuando éstos ejecutan medidas que afectan a sus intereses económicos, y reclamar por ello cifras desorbitadas de dinero público.

De este modo, El TCE está siendo utilizado ─y lo será cada vez más─ para cuestionar  aquellas medidas legislativas dirigidas a eliminar progresivamente las fuentes de energía fósil y nuclear. Será un obstáculo para priorizar la inversión en energías renovables y en eficiencia energética, para poner la producción de energía bajo el control público y para adoptar medidas que pongan fin a la pobreza energética.

En el actual contexto de emergencia climática, ecológica y social, podemos enumerar al menos cinco razones por las cuales el TCE supone un grave peligro:

1. El TCE pone en riesgo los presupuestos públicos y el dinero de los contribuyentes.

Ningún acuerdo de comercio e inversiones del mundo ha dado lugar a tantas demandas inversor-Estado como el TCE. En marzo de 2020, el número total de demandas ISDS conocidas interpuestas bajo este tratado había alcanzado la alarmante cifra de 129. A finales de 2019, los diferentes gobiernos ya habían sido condenados a pagar más de 52 mil millones de dólares, cantidad equivalente a la inversión anual necesaria para proporcionar acceso a la electricidad a personas que carecen de ella a escala mundial. El Reino de España es, a día de hoy, el más demandado bajo el TCE, acumulando un total de 47 denuncias, de las cuales, 16 ya se han resuelto a favor del inversor. Esto supone 1.046 millones de euros. Esta cifra equivale a casi 7 veces el presupuesto que España se ha comprometido a aportar al Fondo Verde de la ONU para apoyar acciones frente al cambio climático

2. El TCE protege las inversiones de combustibles fósiles, y se utiliza para cuestionar y socavar las imprescindibles medidas de acción climática y medioambiental.

Mientras que la descarbonización de los sistemas productivos y económicos es crucial para enfrentar la emergencia climática que amenaza la vida en el planeta tal y como la conocemos, las inversiones en el sector de la energía fósil (petróleo, gas, nuclear y carbón) se encuentran altamente protegidas bajo el TCE. Son numerosos los casos de demandas de inversores extranjeros a Estados signatarios del TCE por la adopción de medidas encaminadas a la acción climática y la protección ambiental. Desde la reciente amenaza de demanda millonaria de Uniper y RWE contra Holanda tras la aprobación de una ley para el cierre de las centrales de carbón para generación eléctrica en 2030, hasta la demanda de la multinacional sueca Vattenfall contra Alemania en 2009 por regular la protección de la calidad del agua y de la biodiversidad en una planta eléctrica de carbón por valor de 1.400 millones de euros. O la demanda de Rockhopper contra Italia en 2016 por la prohibición de nuevos proyectos de perforación de petróleo en sus costas por valor de 40-50 millones de dólares.

3. El TCE amenaza el impulso a las energías renovables.

Lograr un planeta libre de combustibles fósiles en el que la producción de energía esté basada en fuentes renovables es un gran desafío que requiere grandes cambios de regulaciones y leyes. Considerando el precedente de los casos anteriormente descritos, es previsible imaginar un escenario en el que la puesta en marcha del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) dé lugar a demandas millonarias contra Estados que legislan por la consecución de la neutralidad climática. En el caso de España, esto supondría un grave obstáculo en la transición energética de un país altamente vulnerable al cambio climático. Casi la mitad (22 de 47) de las demandas conocidas contra el Reino de España ─si bien basan sus casos en los recortes de las subvenciones a las energías renovables─ son de inversores con vínculos en la industria del gas, carbón, petróleo o energía nuclear. El TCE apenas está actuando como adalid de las pequeñas empresas y las renovables.

4. El TCE puede ser utilizado para combatir las medidas destinadas a hacer la energía asequible y a ponerla bajo control público.

Varios países de Europa del Este han sido demandados en virtud del TCE por haber aprobado medidas encaminadas a limitar los elevados beneficios de las compañías energéticas y a reducir los precios de la electricidad para los consumidores. Las disposiciones del TCE también pueden utilizarse contra las iniciativas dirigidas a poner la producción y los servicios energéticos bajo propiedad y control público y democrático, así como a revertir los efectos negativos de las fracasadas privatizaciones del sector energético. Esto resulta especialmente preocupante en el contexto de pobreza energética que sufren muchas familias en España. En 2018, el 15% de los hogares de nuestro país sufría temperaturas inadecuadas, se retrasaba en el pago de las facturas de energía o ambas cosas. Alrededor de 6,8 millones de personas sufrieron pobreza energética o estaban en riesgo de sufrirla. Según Eurostat, España es el cuarto país de la Unión Europea con el precio de la electricidad más elevado y, sin embargo, el salario medio de los hogares españoles está por debajo de la media de la UE.

5. El arbitraje entre inversores y Estados en el marco del TCE es contrario al Estado de Derecho y socava los sistemas jurídicos nacionales.

Contrariamente al principio de igualdad de acceso a la justicia, el TCE crea un sistema judicial paralelo a disposición exclusiva de algunos de los agentes sociales con mayor poder económico: los inversores extranjeros. Es sobradamente conocido que los árbitros privados que resuelven los conflictos inversor-Estado ganan sumas millonarias con estos casos, contando así con un importante incentivo para apoyar, independientemente de cuál sea el interés público, el fuerte auge de los litigios amparados por el TCE. Bajo este tratado, los árbitros gozan de un amplio poder a la hora de determinar la forma en que se interpretan las cláusulas contractuales en beneficio de los inversores, con enormes consecuencias sobre los presupuestos públicos. Asimismo, en contra de los principios básicos de independencia y publicidad que rigen en cualquier modelo de justicia propio de un sistema democrático, los arbitrajes del TCE son altamente secretos y esconden a menudo conflictos de intereses que atañen a los árbitros, vinculados frecuentemente a intereses empresariales.

Por otra parte, hasta la fecha solo cinco grandes bufetes han participado en el 46% de todas las demandas conocidas en virtud del TCE. Resulta inadmisible que despachos de abogados, árbitros de naturaleza privada e inversores obtengan ingresos astronómicos a costa de litigios contra Estados que afectan a intereses generales y dinero de los y las contribuyentes. En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en  su sentencia de 2018 sobre el caso Achmea (Caso C-284/16), rechazó con claridad la cláusula de arbitraje de un acuerdo de inversión celebrado entre Estados miembros de la UE por resultar contrario al Derecho de la Unión.

Demandas de las organizaciones firmantes

En base a lo aquí explicado, y a la vista del inicio de la segunda ronda de negociación para la modernización del TCE durante el próximo mes de junio, las organizaciones firmantes de esta carta consideramos que, en su estado actual, es muy improbable que el proceso de modernización del TCE solucione los fallos descritos. Entre otras razones, el mandato de la UE para las negociaciones del TCE no prevé el fin de la protección de las inversiones en combustibles fósiles y energía nuclear, la exclusión de los arbitrajes de inversión ISDS u otras formas de solución de conflictos entre inversores y Estados ni la incorporación de objetivos coercitivos para hacer frente a la emergencia climática o la degradación medioambiental .

Mientras que la UE y España ya han declarado la emergencia climática y pretenden estar a la vanguardia de la acción por el clima, resulta incongruente permanecer en un tratado que protege las inversiones en combustibles fósiles.

En consecuencia, las organizaciones y sindicatos firmantes hacemos un llamamiento al Gobierno de España a:

  • Retirarse del TCE y plantear en el Consejo de la UE su derogación de manera conjunta. El artículo 47 del TCE prevé la retirada del Tratado en cualquier momento. Italia, por ejemplo, ya lo hizo en 2016. Es simplemente una cuestión de voluntad política.
  • No seguir con el actual proceso de modernización del TCE, ya que, por su limitado alcance y los conflictos de intereses involucrados, difícilmente podrá dar lugar a un tratado respetuoso con el clima y el medio ambiente.
  • Poner freno de inmediato al proceso de expansión geográfica del TCE y no permitir ninguna nueva adhesión al mismo en su estado actual.
  • Solicitar la eliminación de los mecanismos de resolución de conflictos inversor-Estado, ya sean el ISDS, el ICS, o el Tribunal Multilateral de Inversiones (MIC), tanto en el TCE como en otros acuerdos actuales y futuros.

 

Si quieres adherir tu firma, la de tu colectivo u organización, entra al formulario. 


Firmas de adhesión de organizaciones y miembros de la sociedad civil

  1. Abrir Brecha
  2. Acció Ecologista-Agró
  3. Africaye
  4. Aliança contra la Pobresa Energètica
  5. Aliança per l’Emergència Climàtica
  6. Alianza por el Clima
  7. AlterNativa – Intercanvi amb Pobles Indígenes
  8. Alternativa Republicana
  9. Amics de la Terra Mallorca
  10. Amigos de la Tierra Comunidad de Madrid
  11. Anticapitalistas
  12. ARBA (Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono)
  13. Asamblea de Vivienda de Usera (Madrid)
  14. ASIA-Associació Salut I Agroecología
  15. Asociación Actúa por un Mundo Sostenible
  16. Asociación Asturiana de Amigos de la Naturaleza (A.N.A.)
  17. Asociación Cultural Plural Anitzak
  18. Asociación de Cultura Popular Alborada -Gallur
  19. Asociación de Permacultura ATTA
  20. Asociación de Usuarios de la Sanidad de Bizkaia. SUMENDI
  21. Asociación de vecinos Goya Dalí
  22. Asociación Educativa La Guiosfera
  23. Asociación EntrePueblos
  24. Asociación Kutembea na Tanzania
  25. Asociación Los Pies en la Tierra
  26. Asociación Otro Tiempo
  27. Asociación Mesa de la Ría de Huelva
  28. Asociación Picu Rabicu
  29. Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) – Delegación de Sevilla
  30. Asociación Victimas de la Justicia
  31. Asociación Vuelta al Campo
  32. Asturies pol Clima
  33. ATTAC España
  34. Attac País Valencia
  35. Biziz bizi
  36. Campanya Catalunya No als Tractats de Comerç i Inversió
  37. Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES Cooperativa)
  38. CGT Alacant
  39. CGT Huelva
  40. CGT Menorca
  41. CGT-LKN de Euskal Herria
  42. CIDES (Centro de Iniciativas y Desarrollo Sostenible)
  43. Climacció
  44. Consumidores Construyendo Futuro
  45. Colectivo Feminista Las Tejedoras
  46. Colectivo Toma la Plaza 15M Alicante
  47. Collectiu Ecología i Pau
  48. Comisión Legal Sol
  49. Confederación General del Trabajo (CGT)
  50. Confederación Intersindical
  51. Cooperacció
  52. Cooperativa El Poblet SCCL
  53. Cooperativa La Unió del Poblenou
  54. Coordinadora de ONG para el Desarrollo-España
  55. Coordinadora de Pensionistas de Euskadi
  56. Coordinadora Ecoloxista d’Asturies
  57. Coordinadora ONGs Desarrollo de Canarias (CONGDCA)
  58. DES DE BAIX
  59. Dones Llibertàries de CGT
  60. Dones x Dones
  61. Eco Acción
  62. ECOAR Global
  63. Ecoimpulso
  64. Ecologistas en Acción Andalucía
  65. Ecologistas en Acción Extremadura
  66. Ecologistas en Acción de la Sierra de Huelva
  67. Ecologistas en Acción de Sanlúcar
  68. Ecologistas en Acción El Puerto de Sta. María
  69. Ecologistas en Acción Valencia
  70. Ecologistas en Acción. Confederación estatal
  71. Ekologistak Martxan
  72. ELA Sindikatua
  73. EnergEtica coop.
  74. Enerofilms
  75. Enginyeria Sense Fronteres
  76. ESK Sindikatua
  77. Extinction Rebellion (España)
  78. Extinction Rebellion Málaga
  79. Federación española de Ingeniería Sin Fronteras
  80. Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM)
  81. Feministas por el Clima
  82. Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala (México)
  83. Fridays For Future Huesca
  84. Fridays For Future Madrid
  85. Fridays For Future Marchena
  86. Fundació Deixalles
  87. Fundación de los Comunes
  88. GOB Mallorca
  89. Goiener Elkartea
  90. GRAMA (Grupo de Acción para el Medio Ambiente)
  91. Greenpeace España
  92. Grup local de Barcelona de Somenergia
  93. Grupo de Estudios Africanos de la UAM (GEA-UAM)
  94. Gure Energia
  95. Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA)
  96. Instituto de Sostenibilidad Energética
  97. Intersindical de la Región Murciana
  98. Intersindical Valenciana
  99. La Garbancita Ecológica S. Coop. Mad. de Consumo Responsable Agroecológico
  100. LAB Sindikatua
  101. Lafede.cat – Organitzacions per a la Justícia Global
  102. Lavapiés ¿dónde vas?
  103. Les Agulles – Ecologistas en Acción
  104. Libertarias
  105. Madres por el Clima
  106. Madres por el Clima Asturias
  107. Madres por el Clima Cantabria
  108. Marea Pensionista Horta-Guinardó
  109. Marxa Mundial de les Dones-Catalunya
  110. Mikelazulo Kultur Elkartea
  111. Movimiento Ibérico Antinuclear
  112. No TTIP Tarragona-Reus
  113. Novact
  114. Observatori del Deute en la Globalització (ODG)
  115. Observatori DESC
  116. Observatorio de Multinacionales en América Latina – Paz con Dignidad
  117. Ongd AFRICANDO
  118. ONGDI Fondo Verde
  119. Pachakuti
  120. Perifèries
  121. Plataforma Antitérmica La Pereda
  122. Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda
  123. Plataforma Ciudadana para una Transición Ecológica Justa
  124. Plataforma Ciudadana Zaragoza sin Fractura -ZsF
  125. Plataforma d’Afectats per la Hipoteca de Barcelona
  126. Plataforma en Defensa de los Paisajes de Teruel
  127. Plataforma por un Nuevo Modelo Energético
  128. Plataforma Renta Básica
  129. Plataforma Unitaria contra la Autopista Eléctrica
  130. Politki Elkartea
  131. PROCÉS CONSTITUENT
  132. PUPA (Plataforma de Usuarios y Pacientes en Defensa de una Sanidad Pública Universal y de Calidad para Tod@s)
  133. REAS – Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria
  134. Recortes Cero
  135. Red de Apoyo Mutuo en respuesta a los Megaproyectos Energéticos
  136. Red de Mujeres por una Transición Energética Ecofeminista
  137. Red de ONGD de Madrid
  138. Red Ecofeminista
  139. Red Universidades cultivadas
  140. Revo Prosperidad Sostenible
  141. Ruralitzem
  142. Sanaconsciencia
  143. Sindicato co.bas comissió de base
  144. SOLABRIA Sociedad Cooperativa
  145. Solidaridad Internacional Andalucía
  146. Som Energia SCCL
  147. Som Mobilitat SCCL
  148. Stecyl
  149. STEILAS
  150. Surgencia Medio Ambiente y Dinámica de Grupos, S.L.
  151. Sukar Horia
  152. Terraferida
  153. TRADENER
  154. Trawunche Madrid (Coordinación de Apoyo al Pueblo Mapuche)
  155. UGT
  156. Universidad Popular de Permacultura
  157. UPClima
  158. USOC-Mecalux.
  159. Verdegaia
  160. Volem Sencelles
  161. Xarxa per la sobirania energètica (Xse)
  162. Yayoflautas Madrid
  163. Adoración Guamán. Profesora de derecho en la Universitat de València
  164. Adrián Almazán. Investigador del Foro Transiciones
  165. Alberto Cabello Sánchez. Profesor en la Universidad de Extremadura
  166. Alberto Matarán Ruiz. Doctor Ambientólogo en el Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Granada
  167. Almudena Hernando. Profesora titular en el Departamento de Prehistoria, Facultad de Geografía e Historia, de la Universidad Complutense
  168. Ana Isabel Marrades. Profesora de Derecho Constitucional de la Universitat de València
  169. Anna Pérez Catalá. Ambientóloga especializada en comunicación sobre cambio climático
  170. Arcadi Oliveres Boadella. Presidente de la Universtat Internacional de la Pau (UNIPAU)
  171. Ariel Jérez Novara. Profesor Ciencias Políticas en la Universidad Complutense de Madrid y delegado de Innovación y Sostenibilidad FCPS-UCM
  172. Armando Fernández Steinko. Profesor titular de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid
  173. Belén Martínez Madrid. Profesora titular del Departamento de Medicina y Cirugía Animal de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid
  174. Carlos Sánchez Mato. Responsable de Políticas Económicas de IU y profesor de Economía en la Universidad Complutense de Madrid
  175. Carlos Vázquez. Secretario de Area Externa del Comité Central  del PCE
  176. Carmen Castro García. Profesora de economía en la Universitat de València  y especialista en políticas de género
  177. Carmen Velayos Castelo. Profesora titular de Ética y Filosofía Política en la Universidad de Salamanca
  178. Conchi Avellán Diputada del Parlament de Catalunya por Catalunya en Comú Podem
  179. Coral Ramírez Guerra. Miembro de la Coordinadora Federal de Més País Catalunya
  180. David Cid Colomer. Diputado del Parlament de Catalunya por  Catalunya en Comú Podem
  181. Enrique Santiago Romero. Secretario General del Partido Comunista de España
  182. Ernest Urtasun, Eurodiputado de Catalunya En Comú
  183. Eva Aladro Vico. Profesora de la Universidad Complutense de Madrid
  184. Eva García Sempere. Coordinadora área de medio ambiente de IU y exdiputada
  185. Federico Demaria. Profesor de Economía Ecológica en la Universitat de Barcelona
  186. Fernando Luengo Escalonilla. Economista
  187. Gabriel Moreno Campo. Portavoz de EQUO Cantabria
  188. Gerardo Pisarello. Diputado y profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona
  189. Gorka Bueno Mendieta. Profesor titular de la Universidad UPV/EHU
  190. Iñaki Barcena Hinojal. Catedrático de Ciencia Política en Euskal Herriko Unibertsitatea
  191. Itsaxo Apraiz Larruzea. Doctora en Bioquímica
  192. Jéssica Álbiach. Presidenta de Catalunya en Comú Podem een el Parlament de Catalunya
  193. Joaquín Aparicio. Profesor Emérito Universidad Castilla-La Mancha
  194. Jorge Fonseca Castro. Catedrático Economía Aplicada en la Universidad Complutense de Madrid
  195. Jorge Riechmann. Profesor en la Universidad Autónoma de Madrid (Departamento de Filosofía) y Coordinador del Grupo de Investigación Transdisciplinar sobre Transiciones Socioecológicas (GinTRANS2)
  196. José Albelda. Profesor de la Universidad Politécnica de Valencia
  197. José Albelda. Profesor Universidad Politécnica de Valencia
  198. José Manuel Rodríguez Victoriano. Profesor de la Universidad de Valencia
  199. Joseba Azkarraga Etxagibel. Profesor e investigador en Euskal Herriko Unibertsitatea
  200. Juan Carlos Monedero. Profesor de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad Complutense de Madrid
  201. Juán Hernández Zubizarreta Profesor de la UPV/ EHU e investigador de OMAL
  202. Karmelo Garay Alarcia. Concejal por Unidas Podemos
  203. Lorena Ruiz-Huerta Garcia de Viedma. Abogada
  204. Lucas Ferro. Diputado del Parlament de Catalunya por Catalunya en Comú Podem
  205. Luis Rico García-Amado. Coordinador general de Ecologistas en Acción
  206. Mª Luisa Moltó Carbonell. Catedrática de Análisis Económico de la Universitat de València
  207. Manu Pineda. Eurodiputado de Izquierda Unida Unidas-Podemos
  208. Marc Parés Franzi. Diputado del Parlament de Catalunya por Catalunya en Comú Podem
  209. Marco Masetti. Doctor Arquitectura y Energia, La Salle, Universitat Ramon Llull
  210. Margarita Mediavilla Pascual. Profesora de la Escuela de Ingenierías Industriales y miembro del grupo de investigación en Energía, Economía y Dinámica de Sistemas de la de la Universidad de Valladolid
  211. María Eugenia Rodríguez Palop. Eurodiputada y profesora de Filosofía del derecho especializada en derechos humanos
  212. Marta Ribas Frías. Diputa del Parlament de Catalunya por Catalunya en Comú Podem
  213. Miguel Urbán Crespo. Eurodiputado
  214. Mikel Córdoba. Jurista y consultor en derechos humanos
  215. Niall Binns. Profesor titular de Literatura Hispanoamericana en la Universidad Complutense de Madrid
  216. Óscar Carpintero. Profesor de Economía Aplicada en la Universidad de Valladolid
  217. Pablo Jiménez. Responsable en Tratados de Comercio e Inversión de IU (Izquierda Unida)
  218. Paco Segura. Coordinador general de Ecologistas en Acción
  219. Ramón del Buey Cañas. Profesor e investigador en la Universidad Autónoma de Madrid
  220. Roberto Cantoni. Investigador de la Universitat Autònoma de Barcelona
  221. Salvador González Santiago Responsable de movimientos sociales del PCE-EPK, ARABA
  222. Sira Rego. Eurodiputada
  223. Susana Segovia. Diputada del Parlament de Catalunya por Catalunya en Comú Podem
  224. Tomás R. Villasante. Profesor Honorífico de la Universidad Complutense de Madrid
  225. Xavier Pedrol Rovira. Profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad de Barcelona
  226. Yayo Herrero. Antropóloga, ingeniera, educadora social y activista ecofeminista
  227. Yolanda López. Diputada del Parlament de Catalunya por Catalunya en Comú Podem