Este proyecto contribuye a la defensa de defensores de derechos fundamentales y colectivos de los Pueblos indígenas, que afectan especialmente los procesos de judicialización, sean de carácter penal, civil, administrativo y/o constitucional.
Hay que especificar que la vulneración de derechos humanos fundamentales de defensores/as no afecta solamente a las personas sino que tiene un efecto social relevante para las comunidades, criminalizando la defensa de Derechos Colectivos. En estos casos Derechos de Autodeterminación de los Pueblos indigenas reconocidos a nivel internacional como el Convenio 169 OIT (Organización Internacional del Trabajo).