BOSQUES, AGUA Y PUEBLOS INDÍGENAS. Derechos, defensa territorio y recursos

Boscos, Aigua i Pobles Indígenes

Defensa del territori i els seus recursos

El 22 de mayo se celebró el día mundial de la biodiversidad, en el que se puso en manifiesto la importancia de la naturaleza y elementos como el agua y bosques por la subsistencia del Planeta y para un  desarrollo humano sostenible.

 

Desde alterNativa – Intercambio con Pueblos Indígenas, entidad que lleva más de 30 años defendiendo los derechos colectivos de los Pueblos Indígenas, hemos querido celebrar estas efemérides y presentaros un artículo sobre el derecho a la naturaleza, y más concretamente sobre la importancia del agua y los bosques para los pueblos y comunidades indígenas.

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soberania alimentaria

Derecho a la Naturaleza

El derecho a la naturaleza y el medio ambiente, incluye los derechos al agua y los bosques, y es considerado como uno de los derechos humanos de tercera generación, también conocidos como derechos de los pueblos o de solidaridad. Dentro del mismo grupo, también podemos encontrar otros derechos fundamentales para los Pueblos Indígenas: el derecho a la identidad nacional y cultural, el desarrollo humano sostenible, la paz y la coexistencia pacífica, la solución de los problemas alimenticios, demográficos, educativos y ecológicos, así como la cooperación internacional y regional.

En general, los Derechos a y de la Natura plantean un cambio civilitzatorio que cuestiona las lógicas eurocéntricas y capitalistas dominantes, en el contexto de crisis ambiental y climática que vivimos actualmente. En el 2008, Ecuador se convirtió en el primer país en el mundo en reconocer a la Naturaleza como sujeto de derechos, garantizando así el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. El año 2010, en Cochabamba (Bolivia), en la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra, se adoptó la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra. Esta Declaración, plantea el derecho a la Naturaleza a existir y respetar su regeneración y restauración integral.

 

Bosques

Los bosques cubren un tercio de la superficie terrestre y juegan un papel fundamental en la vida del planeta. De acuerdo con la ONU, más de 1.000 millones de personas, incluyendo más de dos mil pueblos indígenas, dependen de los bosques para sobrevivir: proporcionando alimentos, medicinas y otros recursos. Desde un punto de vista biológico, los bosques son los ecosistemas terrestres más diversos, en los que se albergan más del 80% de las especies animales y vegetales.
Pero a pesar de los increíbles beneficios ecológicos, económicos y sociales que nos brindan los bosques, la deforestación continúa a un ritmo sin precedentes. En casos como la Amazonia brasileña, el gran ‘pulmón verde’ del Planeta, la deforestación en 2019 fue de alrededor de 10.000 km², la pérdida de vegetación más alta registrada en una década. Por supuesto, este ecocidio tiene culpables y nombres: en este caso, las políticas del gobierno de ultraderecha de Bolsonaro, que el día de hoy todavía no reconoce el cambio climático y desprecia el calentamiento global.

El año 2012, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 21 de marzo como Día Internacional de los Bosques, siendo 2013 el primer año en celebrarlo oficialmente. Los organizadores oficiales son el Foro de las Naciones Unidas para los Bosques, en colaboración con otras entidades, como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Mediante su celebración se rinde homenaje a la importancia de todos los tipos de bosques y se intenta generar conciencia colectiva sobre la problemática que sufren en todo el mundo. Además, se alienta a los países a adoptar iniciativas en el plan local, nacional e internacional.

 

Agua

En el caso del agua, El Día Mundial del agua se celebra cada 22 de marzo para recordar la relevancia de este elemento esencial para la vida de todo el planeta. A pesar de que todas las actividades sociales y económicas dependen en gran medida del abastecimiento de agua dulce y de su calidad, 2.200 millones de personas viven sin acceso a agua potable, según datos de Naciones Unidas. Además, en este contexto de pandemia del COVID-19, la carencia de agua está directamente afectando la prevención y no propagación del virus.
La idea de celebrar el Día internacional se remonta en 1992, año en qué tuvo lugar la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en Río de Janeiro. A esta celebración se añadieron posteriormente acontecimientos anuales específicos en torno al agua (por ejemplo, el Año de Cooperación en el ámbito del agua 2013) e incluso decenios de acción (como es el caso del actual Decenio Agua para el Desarrollo Sostenible, 2018-2028). Todo esto no hace sino reafirmar que las medidas hídricas y de saneamiento son clave en la reducción de la pobreza, el crecimiento económico y la sostenibilidad ambiental.

A nivel legal, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales adoptó la Observación General n.º 15 sobre el derecho al agua (2002). El artículo 1 establece que «el derecho humano al agua es indispensable para una vida humana digna». Además, también define el derecho al agua como el derecho de cada uno a disponer de agua suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible para su uso personal y doméstico. Así mismo, la Resolución 64/292, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 28 de julio de 2010, reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que una agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos. La Resolución incide en la necesidad de proporcionar recursos financieros por parte de los Estados y organizaciones internacionales, a propiciar la capacitación y la transferencia de tecnología, y a proporcionar un suministro de agua potable y saneamiento saludable, limpio, accesible y asequible para todas y todos.

 

Pueblos indígenas y la defensa del territorio y sus recursos

Los pueblos indígenas tienen una larga historia de resistencia y, a pesar de las depredaciones del colonialismo, muchos han conseguido mantener sus identidades, culturas, valores y la protección de sus territorios y recursos. Han visto sus fuentes tradicionales de agua explotadas y sus bosques destruidos por el beneficio económico de la sociedad dominante no-nativa y de transnacionales.

En el caso concreto del agua, la disminución y contaminación de fuentes de agua para el desarrollo han limitado la habilidad de estos pueblos para efectuar tareas como por ejemplo la agricultura o la pesca y a la vez afectar actividades de subsistencia tradicionales y prácticas espirituales que requieren el acceso al agua. Así mismo, los gobiernos de los estados típicamente han creado sistemas legales que benefician a la utilización no-nativa y permiten la disminución o contaminación de fuentes de agua necesarias para la subsistencia de los pueblos indígenas.

Sin embargo, existen varios acuerdos multinacionales y normas internacionales que son de aplicación en las conductas, prácticas y políticas de los gobiernos con respecto a las poblaciones e individuos indígenas. Todo y con las dificultades especiales y carencia de derechos que los pueblos indígenas han sufrido sistemáticamente, hay espacio para la esperanza y para continuar estableciendo redes de apoyo y protección de sus derechos.

El año 2007, la Asamblea General de la ONU aprobó la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que establece un marco universal de estándares mínimos para la dignidad, bienestar y derechos de los pueblos indígenas del mundo. En este sentido, el Artículo 1 establece que los pueblos indígenas tienen derecho, como pueblos o como individuos, a disfrutar plenamente de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos en las normas internacionales de derechos humanos; y el Artículo 25 y 26 remarcan su derecho inherente en las tierras, territorios, aguas y otros recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado, utilizado o adquirido, así como a mantener y fortalecer su propia relación espiritual con estos.

Además, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblas indígenas del año 1989 también establece el derecho de los pueblos indígenas a los recursos naturales existentes en sus tierras, que tendrán que protegerse especialmente por parte de los Estados. Y obliga adicionalmente en los estados a realizar  una consulta previa, libre e informada cuando las medidas y políticas de los gobiernos o actores privados (como las multinacionales) afecten en los territorios o recursos de los pueblos indígenas, incluyendo los bosques y el agua. Esta consulta tendría que ser siempre respetando los usos y costumbres de las comunidades.

En este sentido, hay un proceso en marcha en los estados por el cual las leyes domésticas se están modificando para reconocer sus tierras tradicionales y sus derechos, integrando así la Declaración de la ONU -que no es jurídicamente vinculante- en el ordenamiento jurídico de los estados. En cuando al Convenio 169 de la OIT, sí que es un instrumento vinculante para los estados, pero ha sido ratificado únicamente por 23 estados a día de hoy (sobre todo de América Latina, así como algunos europeos como el estado español y la República Centroafricana).

Además, a nivel de Naciones Unidas, la Agenda 2030 y los ODS -Objetivos de Desarrollo Sostenibles- son también, en teoría, un nuevo paradigma por el enfoque de derechos de las políticas públicas de los estados, con el objetivo de movilizar la acción colectiva de los gobierno en torno a objetivos comunes. Sin embargo, han sido criticados por varios sectores por su arquitectura basada principalmente en indicadores numéricos y sus limitaciones técnicas. En cualquier caso, para que tengan efectos reales positivos, los ODS tendrían que tener un vínculo directo y ser interpretados en linea con los derechos reconocidos de los pueblos indígenas, así como ser metas indicativas del avance de modelos de desarrollo interculturales y favorables a la revitalización del mundo indígena. Si no es así, sus alcances no estarán a la altura de lo que se requiere.

En todo caso, al margen de la cobertura legal que se tenga en cada caso, siguen existiendo vulneraciones sistemáticas de estos derechos de los pueblos indígenas. Como ejemplo claro, el caso RENACE en Guatemala, donde la empresa ACS de Florentino Pérez está construyendo un complejo de hidroeléctricas al departamento de Alta Verapaz con un impacto social y ambiental muy importante por el Pueblo maya Q’ecqchí. Además de esta afectación, la construcción se está produciendo incumpliendo claramente el derecho a la consulta libre, previa e informada, que recientemente la Corte Constitucional de Guatemala ha obligado a realizar (eso sí, sin paralizar las obras). Aun así, se está judicializando y criminalizando a defensoras y defensores de derechos y vulnerando sus derechos fundamentales, como el caso del líder comunitario Bernardo Caal Xol, encarcelado sin las debidas garantías procesales para organizar acciones de protesta en contra de la construcción de las centrales. Si quereis más información sobre este caso que trabajemos desde alternativa, podéis informaros de la campaña Agua Es Vida que hemos puesto en marcha para denunciar el caso RENACE y pedir la liberación de Bernardo: http://alternativa-ong.org/es/agua-es-vida/. Además, podéis firmar en la iniciativa que hemos impulsado con los mismos hasta aquí:

http://chng.it/qxyhfglr

A pesar de y las vulneraciones de derechos al agua y en los bosques evidentes por parte de los estados y actores privados (especialmente transnacionales), con especial afectación en el caso de los pueblos indígenas, tenemos que mantenernos firmes y continuar con la lucha y la reivindicación por el cumplimiento de todos los derechos por todas las personas.

Seguimos y seguiremos!