Emergencia actual PANDEMIA Y DERECHOS PUEBLOS INDÍGENAS. Parlamento de Cataluña – InterGrupo por los Derechos Colectivos de los Pueblos

Sessió Pandèmia i Drets Pobles Indígenes al Parlament de Catalunya

InterGrup pels Drets Col·lectius dels Pobles

El pasado 25 de mayo más de 45 organizaciones, coordinadoras y redes de cooperación de todo el Estado hicimos público el documento «Pandemia, Derechos y Pueblas Indígenas» en el que expresábamos nuestra preocupación por la situación de la pandemia de la COVID-19 en América Latina, con especial referencia a los pueblos indígenas.

Este documento reafirma el hecho innegable que la pandemia está poniendo en riesgo ya no solo la vida de las personas sino, en algunos casos, la propia existencia de diferentes pueblos en este continente. Tal como apunta la lideresa indígena y Presidenta del FILAC-Fondo Indígena de America Latina y Caribe, Myrna Cunningham, el racismo y la discriminación histórica de los pueblos indígenas no solo persisten sino que se esta agravando por la COVID19. Y así lo reconoce también el Relator Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Francisco Cali, cuando afirma que los estados de emergencia han excacerbado la marginación de los pueblos indígenas.

En Catalunya, fuimos LaFede.cat Organizaciones por la Justicia Global, la Xarxa Teixint Resistències per les Defensores d’Amèrica Llatina y 12 organizaciones de justícia global las que firmamos este manifiesto (alterNativa Intercanvi amb Pobles Indígenes, Asociación Mujeres Migrantes Diversas, CIEMEN, CooperAcció, Ecologistes en Acció, Fundació Guné, Institut de Drets Humans de Catalunya, Justícia Alimentaria, Lliga dels Drets dels Pobles, Observatori ADPI, SETEM Catalunya y SUDS).

El documento ha tenido un eco importante tanto en casa nuestra como el estado español. En Cataluña, varias instituciones, organizaciones y movimientos sociales han apoyado la iniciativa y han expresado su preocupación por la situación de estos pueblos.

A nivel del Estado, se recibió una comunicación de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional, y también hemos mantenido una reunión con varios representantes del Ministerio de Asuntos exteriores y del AECID (Agencia de Cooperación española), en la cual expresaron su compromiso para afrontar la situación específica de los pueblos indígenas entorno la pandemia y su disposición a estudiar las posibles líneas de acción políticas y operativas en el marco de la Estrategia española de cooperación con Pueblos Indígenas gestionada por el Programa Indígena.

En cuanto a Catalunya, hemos tenido retorno por parte del Parlamento, concretamente del Intergrupo por los Derechos Colectivos de los Pueblos. En este sentido, ayer 4 de julio a las 15.00h nos reunimos de manera específica para tratar los efectos de la COVID19 en los pueblos indígenas, así como el aumento de las violaciones de sus derechos individuales y colectivos.

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Demandas concretas para abordar la situación actual de Pandemia y Derechos Pueblos Indígenas

Teniendo en cuenta lo señalado en el manifiesto trabajado por las organizaciones, y como continuidad y concreción de la comunicación inicial, pedimos a los representantes del pueblo catalán influir y trabajar en propuestas, políticas y legislación que vayan en la dirección de respetar, proteger y promover el cumplimiento efectivo de los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas.

Propuestas concretas expuestas:

1. Acción Exterior.

Instamos a que el Gobierno catalán promueva un diálogo con sus homólogos latinoamericanos orientado a conseguir una mayor implicación y compromiso con el cumplimiento de derechos humanos individuales y colectivos de los pueblos indígenas, reflejados al Convenio 169 OIT y la Declaración de la ONU de 2007.

2. Cooperación.

La emergencia climática y social y la vulneración de derechos que se vive en numerosos territorios indígenas nos interpela para abordar la situación desde un enfoque de derechos, con perspectiva integral, y visión global. En este sentido, la cooperación catalana se enfrenta al reto de gestionar su marco político y operativo tanto a corto, medio y largo plazo para lograr el cumplimiento efectivo de derechos.

A corto plazo, es importante que se movilicen recursos e instrumentos de cooperación en medidas ad hoc a la pandemia, pero también resulta fundamental incorporar medidas específicas de trabajo con Pueblos Indígenas que concreten el compromiso de la cooperación catalana con el cumplimiento del Convenio 169 OIT. Partimos de los instrumentos en curso y modalidades disponibles de la cooperación catalana, ya sea en la inminente convocatoria de proyectos, vía convenios, cooperación directa o cualquier otro instrumento de la cooperación catalana proponemos incorporar medidas como la incorporación de líneas específicas, criterios de valoración específicos o mecanismos correctores.

A medio y largo plazo, el cumplimiento del Convenio 169 OIT y los derechos al auto desarrollo de los pueblos indígenas tienen que ganar peso en el nuevo Plan director de Cooperación y en los marcos de cooperación directa que marcarán la agenda bilateral en el próximo periodo.

Proponemos la elaboración de una Estrategia para el cumplimiento de Derechos de los Pueblos Indígenas, en cumplimiento a lo establecido en el Convenio 169 OIT y con la participación directa de las organizaciones indígenas. La elaboración y puesta en marcha de esta Estrategia permitiría satisfacer a corto plazo sus necesidades más perentorias y también, asentar la etapa de post-pandemia desde parámetros más sólidos y apropiados para el cumplimiento de derechos humanos fundamentales y colectivos a medio y largo plazo.

3. Empresas y Derechos Humanos.

Los Pueblos Indígenas tienen reconocido el derecho a la libre determinación, a decidir sus prioridades de desarrollo y a ser consultados en cualquier proyecto que afecte a sus territorios y recursos. Además, establece de obligado cumplimiento la Consulta Libre, Previa e Informada con respecto a sus derechos colectivos.

En el ámbito de Empresas y Derechos humanos, damos relevancia a la reciente Propuesta de Ley de creación del Centro Catalán de Empresas y Derechos Humanos presentada en este Parlamento el pasado jueves 2 de julio 2020 e impulsada por el Grupo de Empresas y Derechos Humanos de Lafede.cat, e instamos a este Parlamento a la aprobación de la Ley y la incorporación del Convenio 169 OIT, específicamente su mecanismo de Consulta Libre Previa e Informada en los dictámenes vinculantes del Centro y a su cumplimiento por parte de las empresas que ejecutan y participan en proyectos en territorios indígenas y que operan en Cataluña.

En el ámbito de contratación y coherencia de las políticas públicas, apelamos al compromiso del Parlamento para la incorporación y aplicación del Convenio 169 OIT y su mecanismo específico de Consulta libre, previa e informada en los pliegos de contratación pública y el cumplimiento de este convenio vinculante por parte de las empresas licitadoras ya sea como requisito previo de contratación y/o rescisión de contratos de la administración en caso de incumplimiento de derechos humanos por parte de la empresa.

4. Defensoras y defensores de Derechos Humanos.

En el marco de la reciente Resolución sobre Defensores y Defensoras aprobada el pasado jueves 1 de julio de 2020 por este Parlamento e impulsada conjuntamente con las organizaciones sociales catalanas agrupadas en la Red Tejiendo Resistencias sobre Defensores y Defensoras, instamos a este Parlamento y a las instituciones catalanas a establecer un mecanismo de acción propositiva de cumplimiento de garantías del debido proceso de defensores y defensoras encarcelados; especialmente vulnerables a la covid19.

Caso Paradigmático del PUEBL0 Q’EQCHI' en Guatemala y hidroelèctrica RENACE y Grupo Cobra ACS

El pueblo indígena Maya Q’eqchi’ situado en el departamento de Alta Verapaz en Guatemala lleva una lucha histórica por el reclamo del cumplimiento de sus derechos colectivos reconocidos en el Convenio 169 del OIT que el Estado de Guatemala firmó en 1996 y el Estado español tiene ratificado desde el 2007; y también en la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de Pueblos Indígenas aprobada el 2007.

Desde 2011 las comunidades q’eqchi’ se oponen al modelo hidroeléctrico del Cahabón, que se materializa en los complejas OXEC y RENACE construidos por la española ACS y que esta acaparando el río Cahabón, afectando un total de 245,900 ha. habitadas por aproximadamente 435,498 personas distribuidas en 14 municipios y que constituyen el 3,1% de la población nacional.

La instalación y construcción de este complejo ha constituido desde su inicio una grave vulneración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, no respetando el Derecho a la Consulta Previa, Libre e Informada sobre cualquier actividad en su territorio, tal como establece el Convenio 169 OIT; a parte de graves impactos ambientales y sociales agraviados por la COVID19.

Como vulneración de derechos, el C169 OIT obliga en los Estados a consultar en los pueblos indígenas, para obtener su “consentimiento libre e informado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte sus tierras o territorios, particularmente en relación con el desarrollo, la utilización o la explotación de recursos minerales, hídricos o de otro tipo”. Es decir, que cualquier proyecto tiene que ser Consultado a los pueblos indígenas afectados.
Los impactos ambientales generados por la canalización del río Cahabón alteran gravemente el ecosistema fluvial, destruyendo hábitats, modificando el capital y cambiando los parámetros básicos del agua como temperatura o grado de oxigenación. Se agravian además con la deforestación del bosque húmedo tropical y la provocación de sequías que sitúan el área en situación de emergencia climática; Los impactos sociales afectan a los medios de subsistencia, y la cohesión social. El acaparamiento y compra ilícita de tierras comunitarias de propiedad colectiva deja las comunidades sin tierras fundamentales para la soberanía alimentaría, creando un clima de intimidación y conflictos sociales.

Los impactos personales son todavía más graves, estan sin agua más de 50.000,00 personas, de la que dependen directamente para la salud y alimentación. Además las mujeres indígenas reciben directamente las consecuencias teniendo que desplazarse grandes distancias por carencia de agua, y sufriendo graves problemas de salud materno-infantil.

En este proceso de defensa de derechos, el año 2015 el líder Q’eqchí Bernardo Caal Xol interpone un recurso de amparo ante la Corte de Constitucionalidad para la realización de la Consulta Previa por el proyecto OXEC. El enero 2018 Bernardo Caal es detenido sin garantías del debido proceso y evidenciándose una clara intención de criminalizar la defensa de derechos de las comunidades del Cahabón. El 2018 el preso político Bernardo Caal es sentenciado a 7 años y cuatro meses de prisión.
Con todo, la defensa de derechos continúa, y el pasado 4 de julio de 2019 la Corte Suprema de Justicia de Guatemala resuelve favorablemente el amparo interpuesto por la lideressa indígena Ana Rutilia Ical, dando la razón al Pueblo Q’eqchi’, y obligando al Gobierno de Guatemala a que consulte a las comunidades del área de influencia de RENACE en cumplimiento del Convenio 169OIT.
A pesar de que la justicia haya dado la razón al Pueblo Q’eqchí, la hidroeléctrica continúa funcionando y se siguen vulnerando sus derechos colectivos. Como empresa responsable, ACS-Grupo Cobra no está respetando los derechos internacionales segun se reconoce en el informe del Punto Nacional de Contacto del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo español, impulsado por Alianza por la Solidaridad, el cual dictamina que en cumplimiento de las Directrices de la OCDE por Empresas Multinacionales, la posición de contratista del Grupo Cobra/ACS no exime del cumplimiento de la legalidad y establece el deber de requerir al socio local su cumplimiento. Además, se apunta que para el cumplimiento del Convenio 169OIT y la Declaración de Naciones Unidas antes de la realización de cualquier proyecto, es necesario contar con la Consulta Previa, Libre e Informada de los pueblos indígenas.

Actualmente se añaden los impactos dramáticos de la COVID-19. En el municipio de Santa Maria Cahabón se han detectado ya 12 positivos provenientes de RENACE que no esta reportando los casos de contagio y no implementa medidas de prevención y confinamiento. A su vez, los trabajadores no quieren ser diagnosticados por represalias de despido y continúan extendiendo la covid19 entre las comunidades, generando emergencia social en el área.

La tensión se intensifica ante la reiterada vulneración de Derechos y la crisis ambiental y social de la pandemia. En este sentido las comunidades han decidido:

❖ Denunciar el incumplimiento de medidas de prevención y seguridad por la Covid19
❖ Recurrir ante la Corte de Constitucionalidad y que se paralice la actividad de la empresa.
❖ La realización de la Consulta prevista para el 2021, la aceptación y cumplimiento del resultado de la misma.
❖ La restitución de los derechos fundamentales y colectivos vulnerados de sus líderes y lideresses criminalizadas, específicamente Bernardo Caal Xol.
❖ Exigir responsabilidades para la reparación de los daños sociales y ambientales ocasionados y la restitución de tierras colectivas adquiridas ilícitamente por RENACE.