Las y los líderes indígenas en Guatemala sufren una grave situación de criminalización. Mantenemos el apoyo en la defensa jurídica de los procesos abiertos a nivel nacional contra defensores y defensoras de los derechos colectivos por el territorio y la autodeterminación de los pueblos.
Defendemos autoridades indígenas que representan las demandas colectivas de los pueblos, en defensa de recursos vitales como la tierra, el agua y los bosques, expoliados por empresas extractivistas en connivencia con el Estado.
La oposición en el modelo de estas grandes empresas y la defensa de derechos es reprimida fuertemente. Los y las representantes indígenas que lideran las luchas son criminalizados hasta su encarcelamiento, sin base acusatoria ni garantías jurídicas, violando sus derechos fundamentales.
Ante esta situación, damos respuesta desde la abogacía y las organizaciones de base que participan de las luchas comunitarias. Ofrecemos apoyo jurídico a los procesos penales contra defensores y defensoras criminalizadas, fortalecemos los procesos de empoderamiento legal y social tanto de las personas afectadas como de su entorno, para garantizar un mejor acceso a la justicia.
Número de beneficiarios directos:
Apoyo jurídico a 4 casos individuales de defensoras y un caso colectivo de 26 demandantes, viudas de la masacre de Alaska (Totonicapán).
Caso Bernardo Caal
- 1 persona, familia directa de 6 miembros
Caso Oscar Sanchez
- 1 persona, familia directa de 5 miembros
Caso Lolita Chavez
- 1 persona, familia directa de 5 miembros
Caso Manuel Quema
- 1 persona, familia directa de 5 miembros
Caso de la masacre de Totonicapán
- 26 personas beneficiarias, familias directas de 150 personas
El total de titulares de derechos de la actividad es de 171 personas, el 60% de las cuales son mujeres.
